“DAÑO MORAL” Y PERSECUCIÓN FISCAL, ELEMENTOS DE CENSURA A LA PRENSA EN PUEBLA
COMENTARIO A TIEMPO
Por Teodoro
Rentería Arróyave *
El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio periodístico organizado de México, cuyo título ilustra esta entrega:
Ante la denuncia pública que han realizado de manera conjunta los periodistas Rodolfo Ruiz Rodríguez y Carolina Fernández, responsables de los medios digitales “e-consulta” y “El Popular”, respectivamente, en el sentido de ser víctimas de persecución política como respuesta a su labor informativa crítica, libre e imparcial, por parte de las autoridades estatales de Puebla, las agrupaciones gremiales Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifiestan su rechazo a cualquier intento de censura e intimidación contra los colegas, sus medios y sus familias.
Exigimos la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Primera Visitaduría, para profundizar en el tema y emitir la Recomendación oportuna.
Rodolfo Ruiz Rodríguez
Solicitamos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, su intervención a través del diálogo con el Ejecutivo de Puebla y su acercamiento con los colegas comunicadores, ante la grave situación por la que cruzan y que de concretarse alguna sanción, es amenazante de la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información en toda la nación.
La FAPERMEX y el CONALIPE hacen suyo el Desplegado publicado el fin de semana en varios medios y se suman como firmantes del mismo:
“El ejercicio de la libertad de expresión es imprescindible para refrendar la legitimidad de las acciones de un gobierno democrático. Ese derecho fundamental es la primera línea de defensa con la que cuenta la sociedad mexicana contra las acciones de un gobierno despótico.
Luis Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla y enemigo de la libertad de prensa al estilo del dictador Porfirio Díaz y en contra de la política de apertura y respeto a los medios de comunicación, que ordena y cumple a diario con extraordinaria virtud estoica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
Puebla ha sido testigo de las prácticas autoritarias cometidas por los gobernadores a lo largo de largas décadas. Políticos que con el poder absoluto, sin contrapesos en los poderes legislativo y judicial, han hecho un uso faccioso de los instrumentos del Estado a cargo del ejecutivo; mandatarios intolerantes, acostumbrados a aplicar la mordaza y la persecución judicial como una forma de control del periodismo crítico independiente. Tal ha sido la condición histórica de la prensa en Puebla.
Los hechos recientes de acoso judicial y administrativo contra los medios de consulta, dirigidos por Rodolfo Ruiz Rodríguez y El Popular, encabezado por Carolina Fernández, reconocidos por su línea editorial independiente y crítica, confirman que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta sigue los pasos lamentables de sus antecesores: una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos que, como lo ha confirmado la organización Artículo 19 en una investigación sobre los ataques a la libertad de expresión en Puebla, han sido objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas digitales y persecuciones judiciales. Y ahora, por la vía de la auditoría fiscal, un intimidatorio hostigamiento administrativo.
Carolina Fernández
Desde hace dos años, el medio digital “e-consulta”, dirigido por el periodista Rodolfo Ruíz Rodríguez, ha enfrentado una campaña de acoso, amenazas y procesos jurídicos en contra de su labor informativa. “En el caso de e-consulta –denuncia Artículo 19-- el acoso se reproduce por medio de la vía civil pues se mantienen siete demandas por daño moral en contra del director del medio, las cuáles se encuentran en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían un total de 37 millones de pesos en indemnizaciones que pretenden obtener del medio. Es importante señalar que dichas demandas han tenido en común una misma estructura de argumentación y un mismo cuerpo de abogados.”
A esta campaña de presión y censura contra “e-consulta”, el gobierno ha sumado al periódico “El Popular”, contra el que arremete por la vía de una campaña de desprestigio contra su directora Carolina Fernández.
SE VE PREOCUPADO EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, POR EL MAL TRATO QUE DA A LA PRENSA EL GOBERNADOR DE PUEBLA, QUIEN TRAICIONA ASÍ E INCUMPLE CON EL PROPÓSITO LIBERTAD DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
A través de un medio de comunicación se dijo que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarla por lavado de dinero. No hay indicio alguno de que exista tal denuncia. Y es claro que se busca la intimidación y la censura.
El pasado 10 de noviembre el gobierno de Miguel Barbosa dio un paso más en sus acciones de hostigamiento contra estos periodistas: ambos medios de comunicación recibieron un citatorio para fines de ejecución de una auditoría por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla, misma que les exigía más de 20 documentales desglosados en un plazo de quince días; a “e-consulta” de los años 2018 y 2019 y para “El Popular” de 2019 y 2020. A la medida fiscal le siguen las amenazas de sanciones económicas, embargos y uso de la fuerza pública para exigir el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
A todas luces se trata de una campaña orquestada en contra de dos medios reconocidos por su postura crítica frente al gobierno de Miguel Barbosa.
Creemos que estas campañas de intimidación representan un riesgo para el ejercicio periodístico en Puebla, un estado donde hoy se viven tiempos de intolerancia y mordaza. Resulta incongruente que Miguel Barbosa replique las viejas prácticas que criticó en el pasado reciente.
El ejercicio de gobernar democráticamente demanda pluralidad, contrapesos y la apertura a una diversidad de opiniones.
Desde diferentes sectores de la sociedad poblana instamos al Gobierno Estatal a respetar la libertad de ejercer un periodismo libre, crítico, incluyente y plural que investigue y cuestione los excesos cometidos desde el poder.
Frente a los excesos del poder, no podemos permanecer en silencio, ni los medios locales y estales ni la FAPERMEX ni el CONALIPE.
Inician la lista de dirigentes firmantes: Por FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Alvizo Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; Por CONALIPE: Maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.
*Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal IRRADIA NOTICIAS.
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22 de noviembre de 2021.
